26/05/2026
Elecciones 2026: Contraloría halló "responsabilidad" en 10 funcionarios de la ONPE por irregularidades en la primera vuelta electoral
Informe de la Contraloría General de la República dio cuenta sobre un presunto favorecimiento indebido al proveedor del servicio de transporte y la afectación al derecho de sufragio de 55 261 electores.
La Contraloría General de la República (CGR) determinó una presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad (Piero Corvetto), en una "serie de irregularidades" que afectó directamente el ejercicio democrático de 55 261 electores de Lima Metropolitana" durante la primera vuelta de las elecciones generales, desarrollada el pasado 12 de abril.
En un informe de control, el organismo señaló que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral solicitaron la contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el despliegue y repliegue de material electoral, equipos informáticos e implementos destinados al simulacro y al sufragio. Asimismo, precisó que los términos de referencia no establecían una cuantificación real de los vehículos necesarios para el traslado de dicho material y equipos.
"A esto se suma que evaluadores de la ONPE para la fase de selección asignaron un puntaje menor a uno de los postores calificados, ya que se aplicó un criterio que no estaba establecido en los términos de referencia y fue disminuir dos metros el largo de vehículos ofertados, determinándose un mínimo de capacidad de 10 metros cúbicos. Ello permitió adjudicar la buena pro por S/ 6 368 332.75 a una oferta económica que fue superior en S/ 168 148.19", detalló.
¿Favorecimiento?
La Contraloría refirió que la aplicación de un criterio que reducía en dos metros la longitud de los vehículos permitió detectar que los evaluadores consignaron información inexacta sobre la capacidad de carga de seis unidades presentadas por el postor ganador. Esto derivó en la asignación de un puntaje indebido a dicha empresa, pese a que su propuesta económica superaba en S/469 404.09 a la del postor que, según correspondía, debía obtener la buena pro.
El informe concluyó que estas irregularidades afectaron el adecuado funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral, al favorecer indebidamente al consorcio adjudicado. Además, se advirtió que la empresa ejecutó el servicio principalmente con vehículos de terceros: utilizó 437 unidades alquiladas (92 % del total) y apenas 40 vehículos propios (8 %). Según el documento, esta situación fue consecuencia del accionar irregular de los evaluadores encargados de la etapa de selección.
De igual forma, se identificó presuntas irregularidades en la actuación del subgerente de Producción Electoral y del gerente de Gestión Electoral de la ONPE, quienes, pese a conocer que se requerían al menos 68 vehículos propios y un total de hasta 400 unidades, no actualizaron el requerimiento. Aun así, se elaboraron los términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos necesarios para ejecutar el servicio de transporte hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao.
Otro hecho observado por la Contraloría involucra a funcionarios de la Subgerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, la Subgerencia de Producción Electoral y la Gerencia de Gestión Electoral, quienes solicitaron y autorizaron el traslado de equipos informáticos utilizados en la jornada de capacitación del 5 de abril de 2026 para destinarlos como contingencia al proceso de las elecciones.
Derecho al voto vulnerado
Según el informe, esta medida se ejecutó sin realizar las gestiones necesarias para cubrir la demanda de equipos ni formular observaciones sobre los riesgos que implicaba la decisión. De esta manera, se permitió el repliegue y la entrega tardía de los equipos, pese a que los funcionarios tenían conocimiento del impacto que ello generaría en el cronograma del Plan Operativo Electoral (POE).
"Estos mismos funcionarios, el pasado 11 de abril a las 16:28 horas, efectuaron la reprogramación de 43 rutas que comprendieron a 553 locales de votación con 8261 mesas de sufragios que involucraban a 2 453 791 electores, consignándose por cada ruta un tiempo de entrega de tres horas y media a cuatro horas, cuando en realidad se requería al menos ocho horas, a sabiendas que dicha reprogramación no aseguraba la entrega oportuna del material y equipos informáticos electorales", indicó.
Como consecuencia, el material electoral y los equipos informáticos fueron distribuidos fuera de plazo en 3605 mesas de sufragio. De ese total, 187 mesas no llegaron a instalarse el día de la votación en Lima Metropolitana, afectando el derecho al sufragio de 55 261 electores, así como la finalidad pública de las contrataciones de laptops, impresoras y del servicio de transporte destinado a su despliegue.
Asimismo, el órgano de control determinó que funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral, la Subgerencia de Logística, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Administración tramitaron y aprobaron entre el 7 y el 9 de abril de 2026 prestaciones adicionales por S/650 205.94 vinculadas al contrato de transporte de material y equipos informáticos electorales, cuyo monto original ascendía a S/6 368 332.75.
Según el informe, dichas prestaciones fueron aprobadas sin contar con el sustento técnico ni legal que acreditara su carácter indispensable para cumplir la finalidad pública del contrato. Entre las modificaciones se incluyó el incremento de rutas, la incorporación de unidades vehiculares de contingencia y el aumento del precio unitario para el repliegue de 5441 equipos informáticos desde las ODPE de Lima Metropolitana y Callao hacia el local de Lurín.
