17/10/2024
Un grupo de 24 militares, investigados por su presunta participación en la masacre de 11 personas en la vereda Alto Remando, Putumayo, han sido enviados a prisión domiciliaria. La decisión fue tomada por el Juzgado 2 Promiscuo de Puerto Asís, tras la solicitud de libertad presentada por los uniformados, quienes se encontraban en prisión desde el 5 de agosto de 2023 por orden de otro juez.
Los acusados incluyen tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio y perfidia. Según la investigación del ente acusador, el 28 de marzo de 2022, los militares participaron en una operación que desencadenó la tragedia. Durante un operativo que supuestamente tenía como objetivo capturar a alias “Bruno” y alias “Managua”, líderes de una disidencia de las FARC, el enfrentamiento armado irrumpió en una fiesta comunitaria que llevaba tres días en desarrollo.
El resultado del operativo fue fatal: 11 personas murieron, incluyendo un líder indígena, un líder comunitario y una menor de edad. Además, cinco personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada. El Ejército Nacional ha defendido sus acciones, asegurando que se trataba de un operativo legítimo para capturar a criminales, pero la Fiscalía sostiene que las víctimas eran civiles, lo que convierte este caso en un acto de violencia contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
Este caso ha generado gran conmoción en el país, al poner de relieve las tensiones en torno al accionar de las Fuerzas Armadas en territorios donde el conflicto armado sigue presente. Los familiares de las víctimas y diversas organizaciones defensoras de derechos humanos exigen justicia y piden que se esclarezca si los militares involucrados actuaron con pleno conocimiento de que estaban atacando a civiles.
