27/05/2026
DOS VISIONES ANTAGÓNICAS: LOS PLANES DE GOBIERNO DE KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ FRENTE A LA CRISIS CULTURAL DEL PERÚ
Autor: Sandro Medrano Legua
El contraste entre los planes de gobierno de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no es una simple diferencia de énfasis: es la expresión de dos concepciones antagónicas del Estado, la identidad y el desarrollo humano. Mientras Fujimori reduce la cultura a un apéndice del turismo y la economía naranja, sin mencionar siquiera el Ministerio de Cultura ni los derechos culturales, Sánchez parte de un diagnóstico estructural sobre centralismo, racismo y precariedad laboral que afecta al sector. Cifras oficiales respaldan la magnitud del problema: el presupuesto del sector Cultura para 2026 asciende a S/ 826.8 millones, lo que representa apenas el 0.4% del Presupuesto General de la República . Para poner esta cifra en perspectiva, el presupuesto de 2026 es menor que los S/ 995.7 millones asignados en 2025, evidenciando una reducción que el propio ministro atribuyó a una baja ejecución inferior al 40% en proyectos de inversión . Mientras tanto, Colombia destinó para 2024 la cifra histórica de $1.4 billones de pesos (aproximadamente S/ 1,260 millones) a su Ministerio de Culturas, Artes y Saberes . La pregunta no es solo qué proponen, sino qué necesita con urgencia el sector cultural peruano para no seguir siendo el hermano pobre de las políticas públicas, con un presupuesto que no alcanza ni para ejecutar lo poco que se asigna.
Desde la gestión pública, la omisión de Fujimori es tan grave como reveladora. Su plan no desarrolla un capítulo sobre cultura, no menciona presupuesto para el MINCUL, no habla de descentralización cultural, memoria histórica, lenguas originarias ni artistas independientes. Lo que presenta son menciones dispersas: el MUNA, Choquequirao y una red escolar de lectura. En la práctica, propone una cultura museificada, al servicio de la marca país y el turismo extractivo, sin políticas para empleo formal, propiedad intelectual o financiamiento sostenible. Los datos del propio Ministerio de Cultura muestran que gestiona "más de 28 mil bienes inmuebles prehispánicos", recibe "3.5 millones de visitas a sitios arqueológicos y museos", y atiende a "1.7 millones de visitantes en bibliotecas públicas" . Sin embargo, el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura (RENTOCA) reporta una informalidad laboral superior al 80% en el sector . Para un país megadiverso como el Perú, la ausencia de propuestas concretas sobre formalización laboral, derechos culturales y memoria histórica no es un descuido técnico: es una decisión política que subordina la cultura a la rentabilidad inmediata y borra su dimensión de derecho ciudadano y cohesión social. El silencio sobre violencia política (que dejó más de 69,000 víctimas entre 1980 y 2000, según la CVR) es, además, un acto de elusión histórica.
Sánchez, en cambio, ofrece un diagnóstico sólido y necesario: reconoce el centralismo limeño, la informalidad laboral del 80% de los trabajadores culturales y la debilidad institucional del MINCUL. Propone un Fondo Nacional de Cultura, la formalización del 60% del sector al 2031, un sistema de medios públicos multilingües y una Comisión de Verdad y Justicia Transicional con reparación colectiva. Estas propuestas responden a necesidades reales que ningún otro plan aborda con esa profundidad. Sin embargo, el plan de Sánchez adolece de una debilidad operativa mayúscula: no precisa montos presupuestales, fuentes de financiamiento, indicadores de seguimiento ni un régimen laboral especial adaptado al trabajo intermitente de artistas y gestores culturales. El Fondo Nacional de Cultura que propone no detalla ni su dotación anual ni su gobernanza, y la meta de formalización del 60% carece de un modelo como el monotributo cultural argentino o el estatuto del artista en Brasil. Predomina el discurso decolonizador sobre la ingeniería institucional, y eso pone en riesgo su viabilidad en un contexto donde el propio MINCUL reconoce que su presupuesto de inversión para 2026 es de apenas S/ 147.7 millones para 68 proyectos que beneficiarían a 7.4 millones de habitantes .
Ahora bien, confrontar ambos planes con la realidad urgente del sector educación arroja luz sobre otra brecha crítica que ninguno de los dos aborda con la contundencia necesaria. El Perú tiene una deuda histórica con la formación de públicos, la educación artística y, sobre todo, la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Los datos son demoledores: según el Ministerio de Educación, existen 76,228 profesores en instituciones educativas EIB, pero solo 56,753 son docentes EIB titulados, lo que arroja una brecha de 19,745 docentes EIB . El mayor vacío se encuentra en el nivel de secundaria, con 9,851 plazas sin cubrir, seguido de primaria (6,411) e inicial (3,213) . Mientras Fujimori ni siquiera menciona la EIB ni la formación docente en lenguas originarias, Sánchez propone "cerrar el 70% de la brecha de EIB" sin especificar cómo se formarían casi 20,000 docentes bilingües en un quinquenio. La propia Defensoría del Pueblo alertó en 2021 sobre la falta de una norma técnica y presupuesto para revertir esta situación . La Red Escolar Digital de Lectura "Perú Lee" de Fujimori es una ocurrencia patrimonialista sin presupuesto ni enfoque pedagógico que dialogue con las 48 lenguas originarias del país. La propuesta de Sánchez sobre EIB es necesaria, pero carece de plazos, metas docentes y articulación con el MINEDU para resolver una brecha que especialistas consideran "alarmante" .
Lo que el Perú necesita con urgencia no es elegir entre una cultura turistificada o una cultura discursivamente decolonizadora sin plan de cuentas. Urge un modelo que combine lo mejor de ambos: el realismo presupuestal y la focalización en infraestructura patrimonial de Fujimori (mejorable) con el enfoque de derechos laborales, descentralización y memoria histórica de Sánchez. Pero, sobre todo, se necesita un Ministerio de Cultura con presupuesto creciente y autónomo (el actual 0.4% del PGR es francamente insuficiente para atender 28,000 bienes inmuebles patrimoniales y 7 millones de peruanos indígenas y afrodescendientes) , un régimen laboral especial para artistas que ataque el 80% de informalidad , y una política nacional de educación artística y EIB que contemple la formación urgente de 20,000 docentes bilingües . Ninguno de los dos planes ofrece una hoja de ruta clara para lograr esto en un quinquenio.
Conclusión: el plan de Fujimori es inaceptable por omisión e instrumentalización de la cultura, evidenciado por la reducción presupuestal del sector y la ausencia total de políticas para los 7 millones de peruanos indígenas . El de Sánchez es valioso en diagnóstico pero frágil en ejecución, pues sus metas de formalización (60%) y cierre de brecha EIB (70%) carecen de modelamiento financiero y operativo. Objetivamente diría que, en el estado actual, el sector cultura seguirá siendo el eterno postergado si el próximo gobierno no asume que la cultura no es un adorno del turismo ni una bandera ideológica, sino un pilar de la democracia, la memoria y el desarrollo sostenible. El Perú no puede darse el lujo de otro gobierno que ignore que sin los 20,000 docentes bilingües que faltan, la interculturalidad es solo retórica; y sin un presupuesto que supere el 0.4% del PGR, la diversidad cultural seguirá siendo un eslogan turístico, no una política de Estado. La pregunta final es: ¿queremos un país que exhibe su pasado en vitrinas o un país que vive, crea, repara y educa desde su diversidad cultural? La respuesta definirá no solo el ministerio, sino el tipo de república que construimos.
