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Jaume Osante, Tampico (2026)

29/05/2026

🏛️🍞🎭 “Panem et circenses” ⚔️👑
- Juvenal

La escena en el Senado terminó exhibiendo algo más profundo que una simple guerra de playeras: la enorme contradicción de la política mexicana. Mientras unos legisladores de Morena evitaron ponerse la camiseta de “ ” para no cargar con el costo político de los señalamientos contra el gobernador sinaloense, la oposición aprovechó el momento para montar su propio acto de respaldo con “ ”, como si en México los partidos estuvieran libres de cuestionamientos.

Y ahí está el verdadero problema: la defensa pública suele depender más de la conveniencia que de los principios. Cuando los casos incomodan, aparecen las evasivas, los silencios y las medias posturas. Pero tampoco ayuda convertir la justicia en espectáculo político para sacar ventaja mediática. Al final, unos y otros terminan usando las acusaciones según les convenga, mientras la ciudadanía sigue esperando congruencia, transparencia y una política menos teatral.

🏛️🍞🎭 “Panem et circenses” ⚔️👑
(Pan y circo) 🗣️📺 Mientras entretienen al pueblo, el poder sigue moviendo sus piezas. 🎪🔥

28/05/2026

⚖️🔥 Maru Campos y Rocha Moya: dos expedientes, dos narrativas… y el mismo uso político del poder 🇲🇽🧩

*El poder no persigue delitos… persigue símbolos

Mire, hay algo que últimamente se nota en la política mexicana. Como si de pronto ya no importara tanto probar las cosas… sino instalar primero la percepción. Y cuando eso empieza a pasar, uno tiene que prender focos de alerta, porque ahí es donde el poder deja de buscar solamente justicia y empieza también a buscar el control total.

El caso de Maru Campos y de Rubén Rocha Moya no son casos idénticos, pero sí revelan una práctica: cómo el aparato político puede decidir qué expediente convertir en escándalo nacional… y cuál administrar con más cuidado ¿si?.

A ver, platicándolo sin tanta vuelta. A Maru Campos prácticamente la colocaron en el centro de una narrativa patriótica después de todo lo mediático por la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados en Chihuahua. Morena y varios de sus aliados empezaron rápido con palabras muy pesadas: “traición a la patria”, juicio político, violación a la soberanía y sabe que cosas más.

Pero una cosa es el discurso político… y otra el terreno jurídico. Ojo.

Porque sí, la Constitución establece que la política exterior corresponde al Ejecutivo federal y también existen reglas claras sobre actuación de agentes extranjeros. Eso nadie lo discute. El problema es que, hasta ahora, públicamente seguimos viendo más presión política y mediática que resoluciones judiciales firmes.

Y ahí es donde entra algo básico que a veces parece olvidarse cuando el ambiente se calienta: la presunción de inocencia.

Porque en México nadie debería ser tratado como culpable antes de que exista una sentencia. Nadie. Ni opositores ni aliados. El problema es que muchas veces la condena pública llega muchísimo antes que la judicial… y una vez instalada, ya es casi imposible desmontarla.

Luego viene el otro lado del tablero: Rocha Moya.

Ahí el tema es todavía más delicado porque entra Estados Unidos de lleno. Reportes internacionales, presiones desde Washington, acusaciones sobre presuntos vínculos con el narcotráfico y versiones sobre solicitudes de detención con fines de extradición.

Pero otra vez aparece el mismo punto incómodo: tampoco existe, hasta este momento, una sentencia firme ni una ficha roja pública de Interpol.

Entonces inevitablemente surge la pregunta:
¿por qué un caso se convierte en bandera patriótica… y el otro parece manejarse con más cautela?

Y ahí es donde uno empieza a notar que ya no estamos viendo combate al crimen o defensa de la soberanía. También estamos viendo administración política de expedientes. Y esto es poco decir.

El poder selecciona qué caso amplificar y cuál amortiguar. ¿POR QUÉ?

Y eso debería preocupar más allá de simpatías partidistas, colores y tamaños.

Ya cuando las fiscalías, los discursos oficiales, las conferencias y las mayorías políticas empiezan a construir percepción antes de que hablen los tribunales, el debido proceso se debilita. Poco a poco. Casi sin que se note.

Lo más delicado es que ambos casos terminan alimentando la misma sensación: El PODER intentando cerrar filas mientras también enfrenta presión internacional sobre figuras vinculadas a su entorno político CERCANO.

Y en medio de eso, cada expediente empieza a cumplir una función distinta. Uno sirve para alimentar narrativa soberanista. El otro para contener desgaste interno INEVITABLE.

Mientras tanto, el ciudadano queda atrapado entre versiones, filtraciones y discursos cruzados. Y LO PEOR. NO BUSCA, no investiga nada y se cree todo lo que le dicen. Esto es grave.

Y ahí es donde vale la pena detenerse tantito. Porque la Constitución no existe para proteger políticos. Existe para impedir que el poder use las instituciones como herramienta para destruir adversarios o proteger aliados según convenga.

Por eso existen la división de poderes, la presunción de inocencia y el debido proceso. Porque cuando un gobierno decide primero quién debe ser exhibido públicamente y luego busca cómo justificarlo… el problema deja de ser partidista. Y se cambiarte en AUTORITARIO.

Aquí son nombres conocidos. Gobernadores, figuras públicas, personajes de alto nivel.

Pero mañana podría ser cualquiera que resulte incómodo políticamente. Lo incluye a usted, a mi, a todos.

Y eso tendría que preocuparnos a todos, sin importar colores.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

Saludos cordiales.

26/03/2026

🔥🗳️ Tumban a medias reforma de ¿Qué pasó aquí?

Mira, lo que pasó con la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no es menor… aunque haya terminado siendo algo “recortado”. Y te lo digo así: aquí no se cayó una reforma, se cayó una intención política más profunda.

Esto no es nuevo. Ya pasó con Felipe Calderón Hinojosa después de una elección que partió al país en dos. Ya pasó con Enrique Peña Nieto, cuando se rediseñó el sistema desde un acuerdo político que prometía mucho y dejó dudas. Y ahora vuelve a pasar: el poder intenta mover las reglas… pero no logra que todos se sientan parte del juego.

Porque cuando desde el poder se impulsa una , rara vez es solo por eficiencia o ahorro. Eso suena bien en el discurso, pero en el fondo siempre hay otra pregunta: ¿quién gana con las nuevas reglas? Y en este caso, la jugada era clara. Se buscaba ajustar el sistema electoral, sí… pero también acomodar los tiempos políticos. Eso de empatar la revocación de mandato con elecciones intermedias no era casualidad. Era una forma de mantener el pulso político desde el poder y, de paso, influir en el ánimo del electorado.

Ahora, lo interesante —y también lo que deja ver grietas— es que ni siquiera todos los aliados estuvieron de acuerdo. El hecho de que el frenara partes clave no es menor. Ahí hay desconfianza incluso de . Y cuando los propios aliados dudan, es porque algo no termina de convencer.

Al final quedó una reforma recortada. Ajustes por aquí, recortes por allá, medidas que hablan de austeridad. Pero nada que realmente mueva el fondo del sistema. Y eso también dice algo: no hubo fuerza para empujar más.

¿Es bueno o malo? Depende. Por un lado, se evitó concentrar más poder en una sola lógica política. Por otro, se dejó pasar la oportunidad de hacer una reforma de fondo, de esas que sí cambian reglas y generan confianza.

En lo económico, el ahorro puede sonar bien, pero no es ahí donde se juega lo importante. El tema de fondo sigue siendo otro: confianza, reglas claras, piso parejo.

Porque si algo hace falta hoy no es solo gastar menos… es confiar más.
Y aquí viene lo delicado: cuando una reforma se percibe hecha a modo, incluso si no pasa completa, deja duda. Y la duda en política no es menor.

Así que sí, la reforma no pasó como se quería. Pero el intento ahí queda. Y lo que deja ver es que la disputa por el control del sistema electoral sigue abierta.

Y eso, nos guste o no, apenas empieza. Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

24/03/2026

Chapopote, silencio y sospechas: cuando el gobierno dice “no sabemos”, la verdad ya huele mal ⚠️🌊🛢️

A ver, hay cosas que uno aprende a oler antes de que alguien las quiera explicar. No hablo solo del chapopote —ese olor pesado que se pega a la ropa—, sino de ese otro tufo más viejo: el de la opacidad.

Cuando la versión oficial empieza con un “no sabemos”, lo que viene detrás rara vez es claridad. Y este derrame en el Golfo de México no es la excepción.

No estamos frente a un incidente menor. Hay costa manchada, comunidades pesqueras golpeadas en su ingreso diario y un ecosistema que no tiene voz en las conferencias, pero sí paga las consecuencias. Y aun así, la respuesta institucional se ha quedado corta.

Que no se sabe el origen, dicen.

Con todo respeto, eso no se sostiene. La industria petrolera en este país tiene décadas operando, midiendo, rastreando. Sabe cómo se comporta un derrame, cómo se desplaza, de dónde viene.

Por eso, cuando se insiste en la incertidumbre, lo que se abre no es una duda… es una sospecha.

Y aquí las líneas dicen tres cosas posibles: o no hay capacidad para saber (lo cual sería grave), o no hubo voluntad para investigar a fondo (negligencia), o sí se sabe… pero no se quiere decir (inaceptable).

Ahí es donde el tema deja de ser técnico y se vuelve político.

Porque en cuanto aparece la palabra responsabilidad, aparece también el nombre de Pemex. No por capricho, sino por contexto. Es una empresa clave, sí, pero también una institución con antecedentes de fugas, mantenimiento deficiente y episodios que nunca terminan de aclararse del todo.

Aquí no se trata de culpar sin pruebas. Se trata de exigirlas.

Decir que “no hay evidencia” de responsabilidad no es lo mismo que demostrar que no la hay. Y en un país donde la transparencia suele llegar tarde, esa ambigüedad no tranquiliza.

Mientras tanto, en las playas, la historia es otra. Gente recogiendo chapopote con palas, con bolsas, con lo que hay. Brigadas que llegan cuando el daño ya está hecho. Comunidades organizándose como pueden.

Se limpia la superficie, se toma la foto, se emite el comunicado… y se deja pendiente lo más importante: saber qué pasó y quién responde.

Porque limpiar no es lo mismo que rendir cuentas.

Y ahí es donde el gobierno queda a deber. Gobernar no es solo reaccionar a la emergencia visible. Es prevenir, investigar y hablar claro. Es asumir costos cuando toca.

Hoy lo que hay es una narrativa incompleta. Preguntas que siguen en el aire: si la fuga continúa, si hay más riesgo para otras zonas, cuánto va a tardar la recuperación, quién va a responder por los daños.

Y la más incómoda de todas: quién fue.

Sin esa respuesta, todo lo demás suena a manejo de crisis, no a solución.

La gente puede entender un error, incluso uno grave. Lo que no perdona es que le mientan… o que la traten como si no entendiera.

Aquí no se necesita un discurso perfecto. Se necesita verdad.

Porque cuando desde el poder se dice “no sabemos”, lo que muchos escuchan es otra cosa: “no lo vamos a decir”.

Y así, otra vez, la ciudadanía queda en medio. Limpiando, pagando, esperando.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

14/03/2026

🗳️📉 Reforma electoral desata debate nacional: ¿menos gasto político o menos democracia ciudadana?

A ver… hablemos claro.

En política, pocas cosas levantan tanto polvo como una reforma electoral. Y es lógico. Al final del día, estamos hablando de las reglas del juego democrático (quién compite, cómo se compite y quién cuenta los votos). Por eso la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum terminó encendiendo una discusión nacional que va mucho más allá de una simple votación en la Cámara de Diputados.

La iniciativa no alcanzó la mayoría calificada y quedó detenida. Pero el debate sigue vivo, y quizá ahí está lo verdaderamente importante. Porque detrás de los discursos partidistas hay preguntas que sí le interesan al ciudadano común: ¿la reforma beneficia a la democracia o la debilita? ¿reduce privilegios o concentra poder? ¿nos representa mejor o nos representa menos?

Y para entenderlo hay que ir directo a los puntos más polémicos.

Uno de los temas que más encendió las alarmas fue la posible eliminación o reducción de los legisladores plurinominales. Para muchos ciudadanos esto suena atractivo. Seamos sinceros: la figura del plurinominal tiene una pésima reputación pública. Mucha gente siente que son políticos que llegan al poder “sin ganar elecciones”.

Pero aquí es donde empieza el verdadero debate.

Los plurinominales nacieron para garantizar representación de minorías políticas. Es decir, para que un partido que obtiene millones de votos pero no gana distritos tenga voz en el Congreso. Quitarlos podría hacer el sistema más barato, sí, pero también podría provocar un Congreso dominado casi por completo por el partido mayoritario.

Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿queremos un Congreso más barato… o uno más equilibrado?

Otro punto polémico fue la reducción del número de legisladores. En principio parece lógico. Menos diputados, menos gasto público. Nadie se queja cuando se habla de recortar burocracia política.

Pero el problema no es solo cuántos legisladores hay, sino a quién representan.

Reducir curules puede significar que regiones completas del país tengan menos voz en el Congreso. En un país tan diverso como México (con realidades sociales, económicas y culturales muy distintas) el riesgo es que las decisiones se concentren cada vez más en grupos políticos dominantes.

Y cuando la representación se reduce, muchas veces lo primero que desaparece es la voz de las minorías.

Otro foco de controversia fue el recorte al financiamiento público de los partidos. Aquí el debate ciudadano es particularmente interesante.

Porque sí, es verdad: los partidos en México reciben miles de millones de pesos cada año. Y para una población que enfrenta problemas de empleo, inseguridad y servicios públicos deficientes, ese gasto resulta difícil de justificar.

Reducir ese financiamiento podría liberar recursos públicos y mandar un mensaje de austeridad política.

Pero también hay una cara menos popular del tema.

Cuando los partidos reciben menos financiamiento público, aumenta el riesgo de que busquen dinero en fuentes privadas. Y eso abre la puerta a algo mucho más peligroso: la influencia del dinero en la política.

Empresarios, grupos de interés o incluso estructuras ilegales podrían tener más peso en campañas electorales si el financiamiento público se debilita demasiado.

Y entonces la pregunta cambia: ¿queremos partidos más austeros… o partidos más dependientes del dinero privado?

Otro tema que generó polémica fue la propuesta de eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Este sistema permite que la ciudadanía conozca tendencias electorales pocas horas después del cierre de casillas.

Para el gobierno, el argumento es que el sistema es costoso y que existen otras formas de difundir resultados.

Para críticos y especialistas, eliminarlo podría generar incertidumbre en momentos clave de una elección.

Y en política, la incertidumbre suele ser terreno fértil para la desconfianza.

La democracia moderna no solo depende de que los votos se cuenten bien, sino de que la ciudadanía confíe en que se están contando bien.

También apareció un tema que refleja los nuevos tiempos: la regulación del uso de inteligencia artificial, bots y manipulación digital en campañas políticas.

Este punto, curiosamente, generó menos ruido mediático, pero podría ser uno de los más relevantes hacia el futuro.

La manipulación digital de la opinión pública ya es una realidad en muchos países. Campañas de desinformación, cuentas automatizadas, manipulación algorítmica… todo eso ya forma parte del campo de batalla político.

Regular ese terreno puede ser necesario.

Pero hacerlo mal también puede abrir la puerta a restricciones en la libertad de expresión o a controles sobre el debate público en redes sociales.

Otra vez aparece el mismo dilema democrático: regular sin censurar.

Ahora bien, más allá de cada punto técnico, hay algo que como periodista no puedo dejar de observar.

Muchas veces las reformas electorales en México se discuten como si fueran peleas entre partidos. Como si se tratara únicamente de quién gana o quién pierde poder.

Pero la democracia no debería ser una negociación entre élites políticas.

Debería ser un acuerdo social sobre cómo queremos gobernarnos.

Y ahí es donde el ciudadano suele quedar fuera del debate.

Pocos foros públicos, poca pedagogía democrática, poco diálogo real con la sociedad. Mientras tanto, el tema se vuelve un campo de batalla entre narrativas: unos dicen que se quiere abaratar la democracia, otros que se quiere controlarla.

Pero la pregunta que debería guiar todo esto es mucho más simple:

¿La reforma fortalece la confianza ciudadana en las elecciones?

Porque sin confianza no hay democracia que aguante.

Desde una mirada periodística (y también ciudadana) hay que reconocer algo: el sistema electoral mexicano no es perfecto. Tiene costos altos, burocracias pesadas y procesos que pueden modernizarse.

Pero también es cierto que ese sistema fue construido durante décadas para superar una historia larga de fraudes electorales y desconfianza institucional.

Cada cambio que se haga debe tener una virtud fundamental: mejorar la democracia sin debilitar sus contrapesos.

Porque cuando se toca el sistema electoral no se está reformando un trámite administrativo.

Se está tocando el corazón del poder político.

Por eso la discusión no debería centrarse únicamente en quién ganó la votación o quién perdió la reforma.

La verdadera discusión debería ser qué tipo de democracia queremos para el futuro.

Una más barata.

Una más representativa.

Una más transparente.

O una combinación inteligente de las tres.

El problema es que la política mexicana suele elegir el camino más fácil: convertir cualquier debate institucional en una batalla ideológica.

Y mientras eso ocurre, el ciudadano sigue esperando algo mucho más sencillo.

Elecciones confiables.

Gobiernos responsables.

Y reglas claras para todos.

Porque cuando la democracia funciona bien, casi nadie habla de ella.

Pero cuando empieza a fallar… todos la extrañan.

Y ahí es donde el periodismo tiene una responsabilidad incómoda pero necesaria: explicar, cuestionar y recordar que la democracia no pertenece a los partidos, ni a los gobiernos, ni a las mayorías legislativas.

Pertenece a los ciudadanos.

Y por eso cualquier reforma electoral debe medirse con una sola vara: si fortalece la voz del pueblo o si la debilita.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

07/01/2026

📣 Periodista acusado de terrorismo en Coatzacoalcos 📰⚖️

Mire, platiquémoslo con calma, como se habla de las cosas que incomodan pero que no se pueden barrer debajo de la alfombra. El caso del periodista Rafael, detenido y acusado inicialmente de terrorismo en Coatzacoalcos, Veracruz, no es un asunto menor ni un simple error administrativo. Es un síntoma. Y cuando los síntomas aparecen, conviene poner atención antes de que la enfermedad avance.

Porque una cosa es investigar delitos reales y otra muy distinta es convertir el ejercicio periodístico en un indicio de criminalidad. Que un reportero llegue rápido a una escena violenta, que conozca las colonias (sí, las colonias) más calientes o que tenga fuentes en corporaciones de seguridad, no lo hace cómplice. Lo hace periodista. De esos que todavía salen a la calle, se ensucian los zapatos y hacen la chamba que muchos prefieren mirar desde el escritorio.

La acusación por terrorismo, hoy retirada por falta de pruebas, dejó una marca profunda. No solo en Rafael, sino en todo el gremio. Porque el mensaje fue claro y duro (demasiado duro): informar puede costarte la libertad. Aunque después el juez haya corregido el exceso, el daño ya estaba hecho. El susto, la advertencia implícita, la sombra de la criminalización.

Ahora quedan otros cargos en pie, eso es cierto, y será la autoridad judicial quien determine responsabilidades. Nadie está por encima de la ley. Pero también nadie debería ser aplastado por ella solo por ejercer un derecho fundamental. La justicia no se construye con expedientes inflados ni con figuras penales usadas como garrote.

Aquí hay algo que no debemos perder de vista: cuando se persigue al mensajero, el mensaje no desaparece; se distorsiona. Y la sociedad pierde. Pierde información, pierde contrapesos, pierde voces que incomodan pero que son necesarias para entender la realidad que vivimos.

Este caso debería servir para abrir una conversación seria sobre los límites del poder punitivo del Estado y la protección real al periodismo, no solo en discursos oficiales, sino en la práctica cotidiana. Porque hoy fue Rafael. Mañana puede ser cualquiera que decida contar lo que pasa sin maquillaje ni permiso.

Y al final, como ciudadanos, conviene preguntarnos algo muy sencillo pero profundo: ¿queremos un país donde informar sea un acto de valentía extrema o uno donde la verdad pueda contarse sin miedo?

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

10/12/2025

𝗟𝗮 𝟰𝗧, 𝘀𝗶𝗲𝘁𝗲 𝗮ñ𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗽𝘂é𝘀: 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮 𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝘂𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗽𝗲𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲

La celebración del séptimo aniversario de la llamada , con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorriendo un colmado y reclamando la continuidad del proyecto, no puede ni debe leerse como una sola historia. Fue un acto de fuerza política —con asistencia masiva reportada por medios nacionales— que buscó fijar una verdad oficial: la habría pasado “de un gobierno de unos pocos a una verdadera democracia”. Pero entre el brillo del escenario y el coro de consignas hay fisuras persistentes que la retórica oficial pretende ocultar.

Si la transformación se mide por la recuperación de la dignidad colectiva, habría que preguntarse por las cifras y los territorios donde la dignidad fue más golpeada que restaurada. México sigue enfrentando una crisis de profunda y estructural: , desapariciones masivas y violencia generalizada que no desaparecen porque se pronuncie un discurso solemne en la Plaza de la Constitución. Organizaciones como y han documentado las fallas del sistema de justicia, las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes estatales y la escala de las desapariciones, problemas que atraviesan la administración y que no se borran con un mitin. Estas realidades exigen respuestas concretas, no solo gestos simbólicos.

La legitimidad que pretende otorgar una gran movilización contrasta con el malestar social que emergió de las calles apenas semanas antes: las protestas de la llamada “ ”, las manifestaciones ciudadanas por la inseguridad tras el as*****to del alcalde de Uruapan y los episodios de represión y enfrentamiento con fuerzas policiales. No se trata de equiparar violencia con reclamo; se trata de entender por qué jóvenes y ciudadanos salen masivamente a la calle y, en muchos casos, se sienten obligados a romper cercos para ser vistos y escuchados. Ignorar esas causas es apuntalar la narrativa del ruido —y atribuir la movilización a intereses ajenos— en lugar de atender las demandas legítimas de justicia y seguridad.

En el terreno económico la administración exhibe logros parciales que la propaganda transforma en consigna. Sí, hubo aumentos al salario mínimo en los últimos años y el gobierno proclama logros en inversión; pero esos incrementos no han sido uniformes ni suficientes para desarticular la precariedad estructural que afecta a millones en estados como , y muchas zonas rurales del país. A la vez, medidas recientes —como la promoción de leyes y políticas que sectores rurales critican por su impacto en el uso del agua— han acelerado movilizaciones de campesinos que llegaron a bloquear accesos al para exigir que sus medios de vida no queden subordinados a decisiones centralizadas sin diálogo real. La voz de estos pueblos, de sus organizaciones y de sus líderes locales merece más que una nota de prensa.

También hay tensiones en el frente de derechos: organizaciones como el han señalado retrocesos en iniciativas penales que podrían legitimar pruebas obtenidas bajo tortura o limitar salvaguardias procesales; es decir, medidas que, bajo la bandera de la seguridad, pueden erosionar garantías fundamentales. Las críticas técnicas y las alertas de las organizaciones de la sociedad civil deben leerse como contrapesos imprescindibles, no como ruido que la administración pueda descalificar a conveniencia.

En suma, la foto del Zócalo lleno es apenas un fotograma de una película mucho más compleja. Un proyecto de transformación que aspira a justicia social no puede permitirse el lujo de desplazar, silenciar o minimizar a quienes levantan la voz por la igualdad, la verdad y la memoria. Tampoco cabe que la respuesta sea únicamente la puesta en escena de adhesiones masivas: la consistencia política se construye con instituciones que funcionen, con políticas públicas evaluables, con atención seria a las víctimas y con diálogo genuino con comunidades marginadas y organizaciones sociales.

Si la 4T quiere conservar su nombre como sinónimo de cambio real, debe demostrarlo con medidas verificables: esclarecer las desapariciones, sanear el sistema de procuración de justicia, atender las demandas rurales sobre agua y territorio con diálogo real y revisar propuestas legislativas que vulneren derechos. La política no es solo espectáculo; es tejido cotidiano de certezas mínimas que sostengan la vida de la gente.

El Zócalo habló el 6 de diciembre; las calles, las comunidades y las comisiones de derechos humanos siguen hablando los demás días del año. Atenderlas es, en la práctica, cuidar la democracia. Porque sin justicia social, la plaza vacía o llena solo es un adorno.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

23/11/2025

El fantasma del y las verdades a medias que ya enfurecen a MORENA.

A ver, les cuento algo que me encontré hace unos días mientras revisaba notas y reportes. Me topé con un texto que circula por ahí, muy encendido, donde se asegura que en hay una crisis de proporciones bíblicas: reuniones urgentes, pagos duplicados a , desplomes electorales en media República y hasta un bloque opositor con siglas estridentes. Y bueno… uno que intenta hacer el trabajo con seriedad, pues se pone a leer con calma, a revisar fuentes y a ver qué hay detrás del ruido.

Y lo primero que descubrí es algo que ya varios sospechamos: entre la realidad y la ficción siempre hay un donde se mezclan los hechos con las ganas de que algo sea cierto. Sí, es verdad que el nombre de ha salido en las discusiones políticas en y que algunos actores han pedido que se investigue todo lo que rodea el crimen del alcalde . Eso está ahí, en medios locales, en declaraciones públicas. También es cierto que rumbo al 2027 hay mediciones que muestran movimientos electorales, cambios de preferencias y un ambiente más apretado de lo que Morena estaba acostumbrada a ver. Nada extraordinario: así son los ciclos políticos.

Pero de ahí a asegurar, sin más, que hubo una reunión secreta en , que se ordenó duplicar pagos a voceros o que ya existe una alianza nacional llamada , pues no. Eso simplemente no aparece respaldado en ninguna fuente seria. Es, en el mejor de los casos, especulación; en el peor, un intento deliberado de inflar un relato para hacerlo más atractivo que la realidad misma.

Y frente a esa mezcla, a mí lo que más me preocupa no es si un partido sube o baja en una encuesta, sino el efecto que tiene esta mezcla de medias verdades en la ciudadanía. Porque la gente ya carga suficiente con la inseguridad, el bolsillo apretado y la incertidumbre económica como para que encima le alimenten ansiedad con información que no se sostiene. Y aquí es donde sí vale la pena detenerse: ¿por qué nos acostumbramos tan rápido a creer lo peor del otro? ¿Por qué damos por hecho que todo es corrupción, pacto, traición o conspiración? ¿En qué momento dejamos de exigir hechos y empezamos a conformarnos con rumores?

Yo me quedo con algo: cuando la información se vuelve espectáculo, la democracia se resiente. Y cuando la ciudadanía se queda sin claridad, los únicos que ganan son los que viven de la confusión. Por eso, aunque haya errores reales por corregir en el gobierno y pendientes urgentes en seguridad y economía, necesitamos mantener un criterio que nos permita distinguir lo verificable de lo que sólo busca provocar.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

13/11/2025

𝗣𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲: 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲𝘂𝗱𝗮, 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗽𝗲𝘀𝗼𝘀

La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para 2026: gasto neto total por 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, y la votación en lo general quedó en 358 a favor y 133 en contra. Esos números no son tecnicismos; son la radiografía de prioridades.

Hablemos claro: el Estado que reduce recursos a ramos autónomos y al Poder Judicial para luego financiar programas con mayor endeudamiento está jugando con la credibilidad de la República. El paquete proyecta una deuda pública cercana al 52.3% del PIB, cifra que no se corrige con retórica, sino con medidas fiscales serias.

El gobierno argumenta que el déficit se reducirá a 4.1% del PIB en 2026, y que un mayor crecimiento nominal y una mayor recaudación harán viable la ruta. Es una apuesta, no una garantía. Si esa correlación entre recaudación y crecimiento falla, la factura la pagará la gente: servicios, infraestructura y protección social.

Mientras tanto, circulan intenciones de recortes que afectan a órganos esenciales: hay preparativos para reducir hasta 18 mil millones de pesos al , y otros autónomos, según reportes. No es un ajuste técnico: es un debilitamiento deliberado de contrapesos. Eso erosiona la confianza institucional en el mismo momento en que la nación necesita fortalecimiento de reglas y transparencia.

Los análisis técnicos advierten lo obvio: el endeudamiento proyectado (≈ 4.1% del en financiamiento neto) y el aumento del servicio de la deuda generan presiones fiscales que obligarán a priorizar gasto —y no siempre en favor del interés público más urgente. Es decir: más deuda para mantener programas, menos margen para invertir en prevención, salud y educación. La advertencia del apunta a una senda de desbalance que podría volverse persistente si no se corrige con reformas fiscales y mayor eficiencia.

Crítica severa, sí, pero con propuesta: dejar de ver el presupuesto como un tablero para reasignar favores y empezar a verlo como el contrato social que es. Recuperar independencia de los órganos autónomos, transparentar las reasignaciones y comprometerse con metas claras de reducción del servicio de la deuda (no promesas vagas) serían pasos mínimos. La política responsable consiste en explicar sacrificios y compartir ganancias; no en recortar contrapesos ni maquillar cifras con optimismo contable.

Si vamos a endeudarnos, que sea para invertir en activos que aumenten la productividad y la equidad —no para sostener gastos corrientes o sustituir la rendición de cuentas. La ciudadanía exige ello; la democracia lo reclama.

Porque callar también es decidir… ahí se los dejo, para pensarlo con calma o con coraje.

Jaume Osante

29/05/2026

28/05/2026

26/03/2026

24/03/2026

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